Los “conciertos” de la junta.
La precaria situación laboral que viene sufriendo el
colectivo de Intérpretes de Lengua de Signos (iLses) se va agravando cada año.
La Consejería de Educación perteneciente a la Junta de
Andalucía, hace “oídos sordos” a las
peticiones del colectivo, que gestionado por el ISE (Agencia Pública
Empresarial, adscrita a la ya citada Consejería) ofrece sus servicios de forma continuada en
I.E.S públicos.
Cada cierto tiempo, el servicio sale a concurso, es decir, se ofrece el
colectivo al mejor postor, siendo uno de los requisitos para la empresa
adjudicataria, que la oferta sea la más económica para la Junta, como podrán
adivinar, eso solo se consigue, bajando los salarios de los trabajadores a medida que van pasando los años.
Para que se hagan una idea, la empresa adjudicataria de
turno, aparentemente se burla de las leyes del trabajo, por ejemplo, dándole
entierro a la antigüedad de los trabajadores o aplicando convenios colectivos
que no tienen nada que ver con el que corresponde. Pero la realidad, es que
está todo perfectamente permitido en el pliego de condiciones elaborado por la
Consejería.
Como bien claro queda en la resolución del ISE, una vez
adjudicado el servicio, los trabajadores ya no tienen ninguna vinculación con
dicho Ente, es decir, se financia un servicio, obligatorio por ley, pero se
desentiende completamente de la forma de gestionar la subvención. Como
resultado, tenemos un colectivo de profesionales que ofrece un servicio
obligatorio para los ciudadanos con discapacidad auditiva, que desarrollan su
trabajo en organismos públicos, como son los centros educativos, pero que a
diferencia del resto de profesionales con los que comparten su jornada laboral,
no pueden vivir de su profesión.
Todo esto nos invita a la siguiente reflexión:
¿En qué se invierte en Andalucía el dinero público? ¿en
financiar un servicio social, permitiendo a los profesionales que lo hacen
posible, disfrutar de unas condiciones de vida dignas? ¿O permitir que se
lucren empresas privadas, mientras que estos profesionales, quedan
completamente desprovistos de una larga lista de Derechos Constitucionales?
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