Nota de prensa

Los “conciertos” de la Junta

La precaria situación laboral que viene sufriendo el colectivo de Intérpretes de Lengua de Signos (iLses) se va agravando cada año.

La Consejería de Educación perteneciente a la Junta de Andalucía, hace “oídos sordos”  a las peticiones del colectivo, que gestionado por el ISE (Agencia Pública Empresarial, adscrita a la ya citada Consejería)  ofrece sus servicios de forma continuada en I.E.S públicos.

Cada cierto tiempo, el servicio  sale a concurso, es decir, se ofrece el colectivo al mejor postor, siendo uno de los requisitos para la empresa adjudicataria, que la oferta sea la más económica para la Junta, como podrán adivinar, eso solo se consigue, bajando los salarios de los trabajadores  a medida que van pasando los años.

Para que se hagan una idea, la empresa adjudicataria de turno, aparentemente se burla de las leyes del trabajo, por ejemplo, dándole entierro a la antigüedad de los trabajadores o aplicando convenios colectivos que no tienen nada que ver con el que corresponde. Pero la realidad, es que está todo perfectamente permitido en el pliego de condiciones elaborado por la Consejería.

Como bien claro queda en la resolución del ISE, una vez adjudicado el servicio, los trabajadores ya no tienen ninguna vinculación con dicho Ente, es decir, se financia un servicio, obligatorio por ley, pero se desentiende completamente de la forma de gestionar la subvención. Como resultado, tenemos un colectivo de profesionales que ofrece un servicio obligatorio para los ciudadanos con discapacidad auditiva, que desarrollan su trabajo en organismos públicos, como son los centros educativos, pero que a diferencia de el resto de profesionales con los que comparten su jornada laboral, no pueden vivir de su profesión.

Todo esto nos invita a la siguiente reflexión:

¿En qué se invierte en Andalucía el dinero publico? ¿en financiar un servicio social, permitiendo a los profesionales que lo hacen posible, disfrutar de unas condiciones de vida dignas? ¿O permitir que se lucren empresas privadas, mientras que estos profesionales, quedan completamente desprovistos de una larga lista de Derechos Constitucionales?